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Uno de los antecedentes de mayor importancia en la teoría del daño en la formación del contrato es la culpa incontrahendo de Rudof von Ihering. Autor que en 1861 señaló que en el iter contractus se podían causar lesiones patrimoniales que debían ser reparadas dentro del marco establecido por el derecho romano.

El jurista alemán abordó el problema de la responsabilidad precontractual acudiendo a un caso. Un comprador al ordenar 100 libras de una mercancía confunde el símbolo de la libra con el del quintal y el vendedor la expide de acuerdo con lo pedido. Al respecto estableció la siguiente conclusión: “(…) si la equivocación puede realmente ser demostrada, el contrato es nulo (…)” .

Una vez planteado el punto de partida se preguntó ¿quién debía asumir los gastos de embalaje? Para ello acudió a los autores de la época y a las fuentes romanas y encontró que este problema se abordaba de manera superflua o indirecta. Los autores estudiados por Ihering consideraron, que en el citado supuesto no existía una responsabilidad contractual porque la relación jurídica no se perfeccionó, tampoco había culpa extracontractual o actio legis aquiliae por falta del damnun corpore corpore datum.

Otros autores se limitaron a hacer afirmaciones en abstracto sin mayor argumentación. En efecto, Schweppe aseveró que si una de las partes causa la nulidad del contrato por su dolo o culpa, la contraparte que sufrió la culpa estará facultada para pedir la reparación del daño, de acuerdo con los principios generales. Pero no se detuvo a explicar bajo qué principios generales o si se trataba de una responsabilidad contractual o extracontractual actio legis aquiliae .

Richelmann señaló, basado en las fuentes romanas I. 8 e 9 de her. Vend. (18.4) que la nulidad excluye la acción directa de ejecución del contrato, no una acción resarcitoria a título de culpa, sin explicar qué tipo de acción procedía, los supuestos, ni como operaría .

Ahora bien, de acuerdo con Thöl, cuando un comprador solicita a través de un amigo ¼ de caja de cigarrillos, y este último se equivoca y ordena 4 cajas, una vez expedidas y rechazadas existe actio doli en contra del mensajero. Para Ihering esta conclusión es contradictoria por cuanto no es posible solucionar un caso de culpa mediante una acción fundada en el dolo.

Contrario a lo afirmado por Ihering, para Bähr el derecho romano daba respuesta a su inquietud. Explica que de acuerdo con dicho ordenamiento el mensajero que cometió el error era un verdadero procurador. En consecuencia, debía ser considerado como contratante para todos los efectos y responder personalmente frente a terceros. Ihering replicó la falta de fundamento teórico y el resultado práctico inadmisible.

Como Ihering no encontró una respuesta satisfactoria en las afirmaciones realizadas por los autores de la época, acudió al sistema romano, fuente de derecho, para elaborar su teoría de la culpa incontrahendo, según los pasajes que se citan:

I.62 § 1 de contr. Empt. (18.1) (Modestinus): Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica pro privatis comparavit, licet empio non teneat, ex empto tamen adversus veditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius ne deciperetur.

§ 5. I de empt. Et Vend. (3.23): (loca sacra vel religiosa item publica veluti forum basilicam frustra quis sciens emit) quae tamen si pro profanis vel privatis deceptus a venditore quis emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat, ut consequatur quod sua interest eum deceptum non ess. Idem iuris est, si hominem liberum pro servo emerit.

l.8 § 1 de relig. (11.7) (Ulpianus): Si locus religiosus pro puro venisse dicetur, Preator in factum actionem in eum date i, ad quem ea res pertinet, quae action et in heredem competit, cum quase ex empto actionem contineat.

I.8 y 9 de hered. Vend. (18.4). I.8 (lavolenus)… si nulla est (hereditas), de qua actum videatur pretium dumtaxat et si quid in eam rem impensum est, emptor a venditore consequatur L.9 (paulus) et si quid emptoris interest.

A partir de estos textos el autor dedujo el deber del vendedor de indemnizar al adquirente, con exclusiva observancia del daño sufrido en la actividad desarrollada, por la confianza depositada en la validez del mismo, mediante una acción contractual con función resarcitoria.

Situada la responsabilidad en la formación del contrato, Ihering acudió a la distinción doctrinaria establecida por F. Mommsen, en Beiträge zum Obligationenrecht, entre interés negativo e interés positivo, deducida del derecho romano. Encuadra el daño originado en la responsabilidad por culpa in contrahendo dentro del interés negativo, como los gastos realizados para la celebración del contrato y la pérdida de otras oportunidades frustradas por la nulidad de éste; en otros términos, el resarcimiento por la confianza depositada en un negocio inválido. De otro lado, el interés positivo, fundado en el contrato válido, predicado del daño comprensivo de la utilidad o beneficio esperado con su ejecución.

Treinta y nueve años después de publicada la obra de Ihering, el artículo 122 del BGB recogió en alguna medida su tesis, al considerar que si una declaración de voluntad resulta nula, el declarante está obligado a indemnizar los daños causados a quien ha confiado en la validez de la declaración. En este evento la norma en cita señala que la reparación no puede superar el importe del interés que la otra parte o el tercero tengan (en la validez de la declaración). En consecuencia, el destinatario o el tercero que han sufrido el daño deben ser reparados por la violación al interés de confianza (en la validez de la declaración) limitando el resarcimiento al interés negativo .

Bogotá, 11 de febrero 2010

La vida en sociedad supone la existencia de deberes a cargo de cada uno de sus miembros, como fuente de equilibrio dentro de las relaciones entre los sujetos y agentes económicos que participan en una sociedad organizada; el contacto del hombre con el hombre genera una serie de derechos y deberes dirigidos a facilitar las relaciones entre las personas y el desarrollo humano. Así, será importante resaltar el nemine laedere como un deber de conducta que deben observar todos los sujetos jurídicos en la vida en sociedad. No causar daño a otros es un deber abstracto que debe ser seguido por todos y se puntualiza en un obrar o una abstención dentro de las circunstancias sociales y particulares de cada sujeto, respecto a la exigencia del respeto al derecho ajeno .

Con todo, en la medida en que las personas se acercan en busca de satisfacer sus intereses y de intercambiar bienes y servicios, los deberes generales se van especificando hasta integrarse en un contrato. Dentro del espacio de formación del contrato los candidatos a parte contratante están en la obligación de no causarse daños mutuamente, pero en el evento de generarse un detrimento patrimonial dentro de la etapa precontractual, éste debe ser reparado por quien lo ha causado. En principio, si el daño se puede imputar al otro negociante, deberá observarse y calificarse la conducta de este sujeto para poderle atribuir el deber de resarcir el daño. Como tal, el daño o la lesión al patrimonio puede generarse con independencia de la celebración o no del contrato, su existencia o inexistencia, eficacia o ineficacia.

En los términos de Hinestrosa el daño es la: “(…) lesión del derecho ajeno consistente en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que la acongoja. Todo detrimento que resulta de la actividad del demandado, principalmente en el patrimonio, pero también en los sentimientos del ofendido, constituye daño y es materia de indemnización que procura restablecer el orden turbado con las medidas restitutorias, reparadoras y compensatorias dichas” . La lesión al patrimonio o a los sentimientos de una persona se puede generar de manera indistinta en presencia o no de una relación contractual; el daño como “(…) la aminoración patrimonial sufrida por la víctima (…)” debe ser reparado con independencia de si existe o no un vínculo contractual entre quien causa el daño y quien recibe la lesión al patrimonio.

La merma patrimonial sufrida por la victima “(…) es lo que da la medida de la reparación que se debe, y que ésta, para que sea completa, debe comprender los dos elementos que la integran según el artículo 1613 del c. c. que determina el alcance jurídico de la indemnización de perjuicios, sea cual fuere la fuente de donde emane la obligación, como lo tiene establecido la jurisprudencia” , por tanto, es igual a concluir que el daño es lo que se indemniza. Este efecto negativo en el patrimonio de un sujeto se nos presenta como un hecho jurídico, en tanto en cuanto existe una modificación de la situación jurídica del sujeto, en el mismo momento en que su derecho es lesionado y, por esa razón, surge en cabeza de la víctima un derecho a ser reparada en la medida del daño causado, salvo en eventos contemplados por normas que regulan casos particulares o creados por la jurisprudencia, donde el afectado puede recibir un beneficio mayor al detrimento sufrido, de acuerdo con el desarrollo conceptual de la compensatio lucri cum damno.

El daño supone la existencia de una situación preexistente, modificada por el detrimento patrimonial que genera a su vez una nueva situación tanto para quien ha sufrido la afectación a su patrimonio como para quien debe reparar el daño causado. Al respecto, podemos decir que el daño necesariamente es “(…) [c]onsecuencia de la lesión a derechos humanos fundamentales (…)” , o en términos más amplios afirma De Cupis: “(…) lo que el derecho tutela, el daño vulnera. Si el derecho tutela un determinado interés humano, éste puede ser atacado por un daño, que será un daño en sentido jurídico (daño jurídico), en cuanto contra él apresta el derecho la propia reacción” , entonces, se puede decir que la modificación del mundo jurídico a causa del daño supone la afectación de un derecho constitucionalmente protegido y el posible nacimiento de un deber correlativo de reparación tendiente a restablecer el orden turbado.

Ahora bien, Bianca señala en su libro tres nociones distintas del daño: la primera argumenta que el daño puede ser entendido como un evento lesivo, o sea, el resultado material o jurídico en el cual se concreta la lesión a un interés jurídicamente tutelado; en la segunda considera que el daño se puede entender como una consecuencia económica negativa, resultado inmediato y directo del incumplimiento, y en el tercer concepto expresa que el daño puede ser comprendido como la cuantificación pecuniaria de la consecuencia económica negativa . En todo caso, es importante resaltar que el daño implica la vulneración o lesión de un derecho ajeno, referido a un interés jurídico protegido por el ordenamiento.

La legislación italiana incorpora en el artículo 2043 del Código Civil el requisito de la injusticia del daño; entendido como lesión a un interés digno de tutela por parte del orden jurídico, que supone, a su vez, una cláusula general, en tanto al juez le corresponde señalar y argumentar los intereses protegidos .

El daño injusto, manifiesta la Corte Constitucional italiana, se refiere a la “(…) lesión de un interés constitucionalmente tutelado (…)” , comprensivo del daño patrimonial y el “(…) daño de naturaleza no patrimonial derivado de la lesión de un valor inherente a la persona (…)” . En consecuencia, se dirá que el daño es injusto cuando se ha lesionado un interés que desde el punto de vista constitucional es susceptible de protección.

Lo injusto del daño es un elemento objetivo que requiere un perjuicio material o inmaterial a un interés jurídicamente protegido , sin que se deba confundir con la situación subjetiva del autor del hecho ilícito; la culpa y el dolo son elementos subjetivos que se diferencian conceptualmente del daño injusto, es decir, el elemento subjetivo con el que actúa el autor no se proyecta sobre el concepto del daño injusto, el cual tiene una entidad propia, como se ha señalado.

De otro lado, la doctrina distingue la lesión a un interés y el perjuicio resarcible, como afirma Visintini al señalar que: “El significado del término, cuando se habla de ‘daño injusto’ (como elemento objetivo del hecho ilícito) o de ‘daño evento’ (para aludir, en esta segunda acepción, a los delitos de daño contrapuestos a los de peligro), es el de ‘lesión del interés tutelado’. En cambio, cuando se habla de daño con relación al resarcimiento, es decir, al daño resarcible, la expresión asume el significado de daño emergente, lucro cesante, sufrimientos morales sufridos por la víctima del ilícito; o sea que asume el significado de ‘perjuicio’ valorable en términos económicos como objeto de reparación o de compensación” . A su vez, la jurisprudencia de la Corte de Casación italiana y la doctrina reconocen una separación conceptual entre el daño evento y el daño consecuencia; el primero, referido al ilícito atribuido al responsable, de acuerdo con el principio de la imputación, y el segundo será la consecuencia perjudicial relevante bajo el principio de la causalidad ; en términos de la Corte de Casación italiana: “El daño estético que compromete la integridad fisionómica de la persona constituye necesariamente un daño biológico (daño-evento); y eventualmente un daño patrimonial (daño-consecuencia), si quien ha sufrido el daño pretende y demuestra que la pérdida de la integridad estética ha causado una reducción en sus ingresos” .

En sentencia del 22 de febrero de 2002, que consideramos más amplia en términos conceptuales, la Corte de Casación italiana afirma que se puede reparar un daño por el solo peligro de ser expuesto a una lesión psíquico-física, sin presencia de daño biológico o patrimonial: “En el evento de comprometer el ambiente a consecuencia de un comportamiento culposo (ex. art. 449 c. p.), el daño moral subjetivo sufrido por las personas que se encontraban en una particular situación (en cuanto viven o trabajan en torno a ese lugar) y que proviene en concreto de haber sufrido una perturbación psíquica (sufrimiento y angustia) de naturaleza transitoria a causa de la exposición a una sustancia contaminante y de la consecuente limitación del normal desarrollo de la vida, es resarcible autónomamente aunque faltando la lesión a la integridad psíquico-física (daño biológico) o de otro evento generador de un daño patrimonial (…)” .

Ahora bien, es posible afirmar que el concepto de daño cada vez toma distancia de las definiciones clásicas tendientes a identificarlo con un detrimento patrimonial , y avanza hacia una identificación del daño con la lesión a un derecho constitucionalmente protegido.

En conclusión, el daño es la lesión a un derecho constitucionalmente protegido , con efectos en la esfera patrimonial y extrapatrimonial de la víctima, que supone el deber de resarcimiento del derecho conculcado.

Sumario: Introducción. 1. Nacimiento del Contrato de Agencia Comercial. 1.1. Declaración o comportamiento. 1.2 Elementos Característicos del contrato 2. Distribución de Riesgos en la Relación Jurídica Contractual. 2.1. El Riesgo Consecuencia de la Definición Jurídica del contrato de Agencia Comercia. 2.2. La Promoción y la Distribución del Riesgo en la Identificación del Contrato de Agencia Comercial. 3. Conclusión. 4. Bibliografía.
Artículo publicado por:
Universidad Externado de Colombia
REVIST@ e – Mercatoria Volumen 5, Número 1 (2006),

Table des matières
INTRODUCCIÓN.-
1. INEXISTENCIA COMO CATEGORÍA AUTÓNOMA.-
2. NULIDAD Y SUS REMEDIOS (CONFIRMACIÓN, NULIDAD PARCIAL Y CONVERSIÓN DEL CONTRATO NULO). –
4. DE OTRAS ANOMALÍAS (SIMULACIÓN Y RESERVA MENTAL). –
SUMARIO: Introducción.- 1.Inexistencia como categoría autónoma,- 2. Nulidad y sus remedios (confirmación, nulidad parcial y conversión del negocio nulo).-3.Anulabilidad (contrato concluído por un incapaz, error, violencia moral). Efectos, modalidades y plazos de la anulación. Convalidación.- 4.De otras anomalías (simulación y reserva mental).-
INTRODUCCIÓN.-
Las categorías de inexistencia, nulidad y anulabilidad del contrato ofrecen curiosas particularidades en el anteproyecto de Código europeo de contratos (Libro I) de la Academia de iusprivatistas europeos de Pavía2, que merecen ser destacadas y sobre lo que se va centrar mi aportación.
Por eso, antes de entrar propiamente en el tema, hay que advertir que, por las propias exigencias derivadas de la utilización del método comparado, acogido para el desarrollo del anteproyecto, en él al haber aceptado a efectos operativos para redactar un código europeo único, tener como modelos, tanto el Codice civile italiano, como el Contract Code de H. McGregor3, los fundamentos de las categorías en cuestión, anteriormente citadas, difieren mucho de los criterios a los que, en el ámbito del Civil Law, estamos habituados, particularidad que hay que tener muy en cuenta a la hora de valorar y de entender este anteproyecto de Código europeo de contratos. Si cualquier regulación nueva, dentro de un mismo sistema jurídico, encuentra, en muchos casos, dificultades de recepción, el tener que dar, en una situación como esta, casi un salto en el vacío, hace más difícil todavía la tarea de su comprensión, sobre todo, si el discernimiento no va acompañado de una buena dósis de moderación, como dirían los retóricos.
Efectivamente, no sólo difieren los contenidos, como consecuencia de la tensión que la comparación impone, lo que traduce fielmente su sistemática externa, que se separa mucho de la tradicional, sino que, a veces, como sucede en este caso, las diferencias se manifiestarán, también, en su sistemática interna, como veremos, y, también, en el estilo y en la forma literaria, predominantemente casuística, en que aparecen los preceptos. Nos lo advierte, en parte, en su rapport, el profesor Giuseppe Gandolfi, que es el redactor del texto acogido por la Academia, al hablar de las “razones que justifican el contenido de las diferentes reglas”4, cuando alude, en este punto, a la necesidad de optar, desde un principio, o por el sistema que sigue el Contract Code que distingue los contratos en función de su enforceability, es decir, por la posibilidad que tienen de alcanzar eficacia, cualquiera que sea el origen de las anomalías que padezcan, o bien, por el sistema tradicional en que se fundamentan nuestros Códigos civiles, que diferencian estas categorías bajo el aspecto de su validez.
Pues bien, por razón del método para la redacción del anteproyecto, no quedaba otro remedio que seguir el primero de los criterios indicados, lo que constituye una de las originalidades más sobresalientes de este importante trabajo, en clave codificadora y como intento plausible de llevar a cabo una verdadera integración europea del Derecho de contratos, que comporta, por otra parte, como consecuencia, una serie de repercusiones en la propia sistemática interna, como ya hemos anticipado, que son consecuencia en último término de la efectiva integración operada. Es evidente, por lo demás, que el grado de integración alcanzado (mediante reglas sucintas) no podría ser efectuado por otros procedimientos, acudiendo, p.ej., a los principios; cuando lo que está en juego, como se deduce de lo que estamos diciendo, no son los principios, sino el sistema, a los que los principios tienen necesariamente que referirse, pues, los principios, como los árboles, necesitan de la tierra para ahondar en ella sus raices, aparte de otras muchas consideraciones, de diverso orden, que ahora no son del caso.
Finalmente diré, para terminar esta introducción, que la reconstrucción del sistema del Derecho de contratos que plantea el anteproyecto, en este punto, representa también un paso adelante en lo que se ha llamado el progreso jurídico, pues, se fundamenta, no sólo en un esfuerzo por la integración, sino que aparece también animado por una rigurosa revisión dogmática de las categorías puestas en juego, procurando su perfeccionamiento técnico, en función de una mayor adecuación de las normas a la realidad práctica y acogiendo por lo demás soluciones que han sido ampliamente patrocinadas por la doctrina y la jurisprudencia. A lo que hay que añadir que en el estilo propio de la sistemática externa del anteproyecto, a cada una de las anomalías concretas contempladas, les siguen, en su caso, las oportunas regulaciones de los remedios, lo mismo que sigue la sombra al cuerpo, aunque también se contemplen otros, más generales o comunes a diversas situaciones, todo lo cual, presta igualmente originalidad al sistema adoptado.
1. INEXISTENCIA COMO CATEGORÍA AUTÓNOMA.-
Respecto de los Códigos civiles, tener en cuenta la inexistencia, como categoría autónoma, distinta de la nulidad, es una de las novedades que contiene el anteproyecto, lo que, para mí, que me he ocupado del tema en un trabajo publicado hace casi medio siglo, resulta muy gratificante5, aparte de que constituya un indudable progreso técnico, en el sentido que acabamos de indicar y, sobre todo, tal y como está contenida en los arts.137 y 138 del anteproyecto.
La idea de la inexistencia aparece ya entre los primeros comentaristas del Code civil, aunque tenga antecedentes anteriores, remontándose a sus trabajos preparatorios, a su discusión en el Conseil d`Etat6 y, sobre todo, a que del antiguo Derecho, procede la la distinción entre nulidades textuales y nulidades virtuales7 que elabora la Escuela de la Exégesis8, entre las que se incluye a la inexistencia. Sin embargo, aunque la idea de inexistencia vaya a estar, por ello, bien pronto presente en la doctrina y en la jurisprudencia francesas el concepto de inexistencia, habida cuenta la deficiente regulación de la nulidad del contrato en el Code civil, no acabará nunca de salir de la esfera de la nulidad.
Lo mismo pasa en el Código civil español, a pesar de que su art.1261, parece que habla de inexistencia cuando a sensu contrario enuncia los supuestos, y no todos (pues falta la forma), de la nulidad que podemos llamar extructural del contrato, por diferenciarla de la nulidad que tiene lugar por contravención de las leyes, de la moral y del orden público ( art. 1255). Con lo que, la inexistencia se considera, abundantemente, por doctrina y jurisprudencia, como un supuesto de nulidad, cuando esta se refiere a la falta de uno de los requisitos esenciales del contrato, y asi se habla de nulidad por inexistencia9. Eso, sin tener en cuenta otra etapa anterior, “en esa trabajosa formación y deformación” del concepto de inexistencia, por doctrina y jurisprudencia, cuando esta aparece como equivalente de la nulidad radical o absoluta, para distinguirla de la nulidad relativa o anulabilidad, todo ello dependiente también de la deficiente regulación de la materia por el Código civil que ha tardado bastante tiempo en advertirse10.
Sin embargo, la idea de inexistencia va más allá de la nulidad y si la idea va más allá, entrañando la falta absoluta de voluntad contractual, o la falta absoluta de objeto, el precepto, de acuerdo con las necesidades de la realidad práctica, debe de ir también más allá de la nulidad, sobre todo, cuando el concepto de inexistencia viene reconocido como un concepto autónomo, distinto de la nulidad, por un importante sector de la mejor doctrina italiana, al que se suman otros, a pesar de que el Codice civile que regula rigurosamente la nulidad (arts. 1418 a 1424), guarde silencio sobre la inexistencia11, lo mismo que tampoco relaciona la nulidad con otros supuestos de ineficacia, a lo que volveremos más adelante. Por ello, teniendo en cuenta que la inexistencia no deja de estar presente en la práctica, ha parecido razonable, como expresa el rapport Gandolfi12, incluirla en el articulado del anteproyecto, lo que tampoco sería contrario al modelo del Contract Code, cuando en su art. 501, refiriéndose a los contratos irregulares (defectives) en general, sitúa en el apartado e) un supuesto que, según la doctrina indicada, sería un supuesto de inexistencia13.
De todos modos, en este caso concreto, la anomalía indicada, ha encontrado otro acomodo en la sistemática del propio anteproyecto que no responde, y una vez más hay que decirlo, a una tradicional teoría de la nulidad, que llegue a admitir como figura independiente a la inexistencia, por muy avanzada que se muestre. Así, la falta absoluta de consentimiento, como consecuencia de un error obstativo14, por distinguirle del error vicio, no será causa de inexistencia, ni en el supuesto del disensus in causam15, a pesar de que la distinción también está presente en el art. 571 del Contract Code16, pues, por razones de certeza y también de equidad, se considera, en tales casos, como una simple causa de anulabilidad, como veremos (arts. 146, párrafo 2 b) y 151, párrafo 1 a), solución que ya había acogido, en parte, el art. 1433 del Codice civile17. Por lo que se refiere a la falta absoluta de objeto nos encontramos, con que en el caso de la simulación y en el contrato efectuado iocandi causa, que a veces la doctrina pone como ejemplo de contrato inexistente, ninguno de los dos dan lugar en el anteproyecto a la inexistencia, sino que se les considera como supuestos de ineficacia (para la primera: arts. 153, párrafo 2 a) y 155, párrafo 1; para el segundo: atr. 153, párrafo 4 a). Por ello, a la vista de la exigencia del contenido útil del contrato, entre los que establece el art. 2518, tenemos que pensar que este requisito guarda relación más bien con la eficacia que con la validez. ¿Pero no les pasa lo propio también a los demás?
Dicho esto, el concepto de inexistencia queda determinado en los apartados 1 y 2 del art. 137; en el 1 se enuncia propiamente la noción: No existe contrato alguno en ausencia de un hecho, o de un acto, o de una declaración, o de una situación que pueda ser exteriormente reconocida y referida a la noción social de contrato. En el 2 se desarrolla en su posible casuística: En particular, no existe ningún contrato:
si la oferta, o, en su caso, la declaración destinada a valer como acto de autonomía privada, no tiene destinatario, o éste está privado de capacidad jurídica, a menos que exista un substrato de lo que podrá ser el sujeto mismo -como un concebido o una sociedad anónima antes de su inscripción- y en la esperanza en que venga a existencia en su plenitud;
si la oferta, o la declaración destinada a valer como acto de autonomía privada, carecen de objeto;
si la aceptación -abstracción hecha de la que prevé el artículo 16, en los párrafos 6 y 7 (aceptación no conforme a la oferta)- no corresponde a la oferta a causa del contenido equívoco de esta última;
si el hecho, el acto,, la declaración, o la situación, aún existentes, son incompletos, al punto de no poder valer en el plano jurídico ni siquiera como esquema contractual diferente y más reducido, ni en función de la supervivencia de otros elementos que se le pudieran añadir. Supuesto, éste último que se está refiriendo al llamado negocio incompleto en sentido absoluto del que no puede derivar, en cuanto tal, eficacia alguna. Puede tener, eso sí, otro tipo de eficacia, p.ej., si a uno le envían del sastre o de un negocio de confección un traje que no ha encargado, procede igualmente su devolución, pero no como consecuencia de un contrato. En este caso, según la tradición de las Institutiones imperiales ( III, 13, 2), estaríamos en presencia de un cuasicontrato.
También se considera hay inexistencia en aquéllos supuestos, que referidos a cláusulas o expresiones del contrato, una regla jurídica dispone que son reputadas como no puestas ( art. 139), Por último, con muy buen acuerdo, el párrafo 3 del propio art. 138, establece una cautela muy razonable, disponiendo: Que en caso de duda, se estimará que hay nulidad y no inexistencia; lo que resulta oportuno, ya que la doctrina ha disputado, y volverá a hacerlo, sobre si hay inexistencia o nulidad en algunos supuestos.
En cuanto a la situación que deriva de la inexistencia, no puede ser otra que aquélla que establece el art. 138 en su apartado 1: La inexistencia determina la ausencia total de cualquier efecto que pudiera derivar en el plano contractual, abstración hecha de las obligaciones de restitución contenidas en el artículo 160 y de la responsabilidad aquiliana de conformidad con el artículo 161, ambos del presente Código. Estos efectos se producen ipso iure, sin necesidad de declaración judicial, como dice el apartado 2 de éste mismo artículo: La situación que se contempla en el artículo 137, párrafos 1 y 2, se produce por el sólo hecho de las condiciones en que se presentan. No es susceptible de ninguna regularización o correctivo, y todo interesado puede tenerla en cuenta sin que a tal efecto corra ningún plazo de prescripción, sin embargo, sigue diciendo el precepto: y para prevalerse de ella puede también hacerla relevante por medio de una declaración de notoriedad, que lleve las indicaciones necesarias, dirigida al que debe levantar acta de ella, y puede también demandar una constatación judicial. Continuando luego el precepto con algo que se articula y reproduce en cada uno de los remedios, abriendo un plazo previo a toda actuación judicial y que, como dice el rapport Gandolf19, trata de ofrecer un spatium deliberandi a los interesados (aquí no podemos hablar de partes), para resolver sus posibles diferencias amigablemente. Por otra parte, ésta reiteración, en cada supuesto, viene impuesta por las particularidades de cada remedio, aunque las variantes sean mínimas, en el caso del art. 138-2, se añade: Pero ninguna acción puede ser interpuesta antes que hayan pasado seis (o tres) meses de la recepción de la susodicha declaración, a fin de dar la posibilidad a las partes (sic) de definir la cuestión en el plano extrajudicial. Sin perjuicio de que, en caso de urgencia, se puedan pedir las medidas contenidas en el art. 172. Este artículo, se refiere a las medidas conservativas, inhibitorias y conminatorias que pueden utilizarse como remedio, en diversos casos. No se dice nada, en cambio, respecto de que la inexistencia se podrá alegar siempre por vía de excepción, aunque no hace falta decirlo porque, evidentemente, es una consecuencia que deriva, directamente, de su propia identidad.

Extracto documento
Autor: José Luis de los MOZOS

Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (articolo 335 Cpc).

Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso principale, contrariamente a quel che ha eccepito la parte resistente, non è inammissibile.

Al riguardo è il caso, anzitutto, dì considerare che anche l?eventuale prospettazione nei motivi di una mera quaestio facti determina l?inammissibilità del motivo, ma non del ricorso, del quale comporterebbe, invece, il rigetto.

Nella specie, comunque, per quel che di seguito si esporrà, devesi ritenere che le censure della parte ricorrente attengono prevalentemente a profili di stretto diritto.

Con il primo motivo dell?impugnazione principale la Provincia ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 2043 e 1337 Cc e dei principi generali dell? ordinamento, che regolano la materia della responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della Pa.

Con il secondo motivo dell?impugnazione principale la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge 4/1981, della Provincia Autonoma di Trento e dei principi in tema di attività provvedimentale della Pa.

Con il terzo mezzo la ricorrente denuncia il vizio di omessa, illogica e, comunque, carente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ad illustrazione delle tre censure (che la ricorrente tratta contestualmente e che questa Corte pure esaminerà congiuntamente) la ricorrente assume che:

a) il giudice del merito avrebbe erroneamente affermato la sussistenza a suo carico di una tipica responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 Cc estendendone, in realtà, indebitamente la disciplina al procedimento amministrativo complesso a formazione progressiva relativo all?erogazione dei contributi pubblici;

b) la concreta fattispecie sarebbe caratterizzata dall?assenza di trattative funzionali a produrre un accordo delle parti nonché dalla presenza di un procedimento amministrativo di erogazione di contribuzioni pubbliche, in seno al quale erano state esplicate funzioni inequivocabilmente di natura provvedimentale;

c) l?assegnazione del contributo non doveva derivava dalla stipulazione di un accordo e non era suscettibile di formare oggetto di intese o pattuizioni di sorta, ma, essendo, invece, subordinata all?esercizio della potestà amministrativa della Provincia, era subordinata alla verifica positiva, in sede amministrativa, della sussistenza e delle condizioni indicate nella delibera di concessione del contributo medesimo;

d) non esisteva alcuna figura contrattuale che le parti dovessero porre in essere ai fini del perfezionamento dell?Iter amministrativo per l?erogazione del contributo, sicché sarebbe in contrasto con la legge provinciale 4/1981 l?affermazione dell?impugnata sentenza secondo cui per potere accedere ai contributi la società A. spa avrebbe dovuto stipulare un apposito contratto con la Provincia autonoma di Trento;

e) sul punto, inoltre, la sentenza sarebbe anche illogica e contraddittoria, in quanto, pur sottolineando la necessità di accertare una siffatta figura contrattuale, aveva affermato che non aveva rilievo stabilire quale specifica convenzione avrebbero dovuto porre in essere le parti se la deliberazione in contestazione fosse stata attuata.

Le censure suddette non possono essere accolte.

Costituisce principio generale (ex plurimis: Cassazione, 9129/87) che la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione è configurabile in tutti i casi in cui l?ente pubblico, nelle trattative e nelle relazioni con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch?essa è tenuta, nell?ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall?articolo 2043 Cc.

E? stato, di conseguenza, precisato che spetta al giudice ordinario accertare, sia pure con la cautela che il tema impone, la sussistenza della suddetta responsabilità qualora la Pa, con il suo comportamento, abbia ingenerato nei terzi, anche se per mera colpa, un ragionevole affidamento, che poi sia andato deluso, in ordine alla conclusione del contratto.

L?accertamento della buona fede della Pa sfugge, infatti, in quanto espressione di un dovere estraneo al contratto, alla cognizione dell?autorità amministrativa di controllo; inoltre, la relativa indagine non è rivolta ad accertare se la medesima Pa si sia comportata da corretto amministratore, compito questo che esula dai poteri del giudice ordinario, ma verte unicamente sull?adempimento del dovere civilistico di agire da corretto contraente, proprio secondo quanto già aveva evidenziato sul punto la più accreditata dottrina.

Sul tema particolare che, sul versante della responsabilità precontrattuale, riguarda la fase della scelta del contraente, è stato, altresì, precisato (Cassazione, Su, 9892/93; Cassazione, Su, 4673/97; Cassazione,5995/97) che una responsabilità precontrattuale della Pa, per violazione del dovere di correttezza di cui all?articolo 1337 Cc, non è configurabile con riguardo allo svolgimento del procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, nell?ambito del quale con l?aspirante alla stipulazione del contratto (cui deve riconoscersi intanto soltanto l?interesse al corretto esercizio del potere di scelta) non può configurarsi quella diretta e specifica relazione tra soggetti, consistente nello svolgimento di vere e proprie trattative, che, nella menzionata disposizione del Cc, costituisce il presupposto dell?obbligo di comportamento secondo buona fede, valido anche per l?autorità amministrativa.

Con riguardo, invece, alla fase successiva, nella quale è già avvenuta la scelta o l?identificazione del contraentte, il recesso dalle trattative da parte della Pa, qualora essa più non riconosca la convenienza del contratto, non sempre può costituire apprezzamento insindacabile da parte del giudice ordinario, perché bisogna considerare se vi è un obbligo dell?ente di realizzare nel migliore dei modi l?interesse pubblico, di cui è portatore.

A tal fine la dottrina ha posto in evidenza come debbe essere esclusa la responsabilità precontrattuale solo quando il soddisfacimento dell?interesse pubblico può essere realizzato attraverso l?interruzione delle trattative ed il recesso risulti giustificato dalla valutazione della non convenienza del contratto in base ad una situazione sopravvenuta rispetto all?inizio delle trattative, giacché, altrimenti, sarebbe contraria al principio della buona fede una resipiscenza che tenga conto della medesima situazione di fatto esistente al momento dell?inizio delle trattative.

Con particolare riferimento, poi, alla mancata approvazione del contratto da parte dell?autorità che deve verificarne la legittimità e la convenienza, allo stesso modo la dottrina più autorevole – distinguendo l?ipotesi in cui la disapprovazione per inopportunità è il risultato dì una procedura trasparente e corretta di sottoposizione dell?atto all?organo di controllo, dall? ipotesi diversa in cui la mancata approvazione è il risultato di una condotta sleale dell?amministrazione, attuata per motivi diversi da quelli attinenti al pubblico interesse – nel primo caso esclude l?illecito precontrattuale e, nel secondo, configura nel comportamento della Pa la fonte della responsabilità ex articolo 1337 Cc.

Anche la risalente giurisprudenza di questa Corte (Cassazione, Su 2980/75; Cassazione, 200/67; Cassazione, 128/64) ha avvertito che alla base della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione è l?esigenza di equità e di giustizia propria della culpa in contrahendo e, pur ammettendo che prima che intervengano i prescritti controlli essa non può ritenersi vincolata in alcun modo dal contratto che ha stipulato, ha confermato che l?obbligo del risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale può sorgere ove l?attività di controllo sia stata impedita dal comportamento doloso o colposo dell? amministrazione ovvero quando il privato contraente nelle more abbia iniziato l?esecuzione dei contratto a causa della natura del negozio ovvero perché indotto da particolari clausole o, ancora, per avere aderito a sollecitazioni della controparte.

Nelle suddette ipotesi, pur ribadendosi che la responsabilità non può ravvisarsi, per ciò solo, in relazione ad inadempimenti di doveri inerenti alle funzioni istituzionali della Pa o al mancato compimento di attività dirette a promuovere i prescritti controlli, è stata ritenuta ammissibile l?indagine diretta ad accertare se, tuttavia, il comportamento della Pa abbia violato la regola del neminem laedere ovvero sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche al normale affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto.

Delle regole di diritto di cui innanzi la Corte tridentina ha fatto esatta applicazione nel caso in questione.

Ritiene questa Corte che le censure, di cui ai suddetti motivi d?impugnazione, infatti, innanzitutto non tengono conto del contenuto essenziale della deliberazione adottata dalla Provincia di Trento, cui -secondo l?accertamento compiuto dal giudice di merito – occorre assegnare. la valenza precisa ed, indiscussa di manifestazione della volontà dell?Ente pubblico di scelta della società A. spa quale soggetto a favore del quale era riconosciuto il finanziamento previsto per la realizzazione del servizio pubblico.

Invero il suddetto atto deliberativo – dal quale all?esito della verifica positiva, in sede di controllo tutorio, delle sussistenza delle altre condizioni previste sarebbe derivato l?attribuzione definitiva alla società A. spa dei contributi previsti dalla legislazione provinciale di settore per la realizzazione dell?iniziativa d?interesse pubblico – oltre per il suo preciso contenuto di scelta del contraente dell?operazione di finanziamento, veniva anche a collocarsi come atto preparatorio della futura convenzione, accettando la quale la società (secondo quel che l?impugnata sentenza bene evidenzia nel compiuto esame della legislazione speciale provinciale) avrebbe dovuto, conseguentemente, attuare tutte le altre modalità imposte dal programma d?investimento ed assicurare alla Provincia autonoma di Trento le precise garanzie per l?adempimento degli obblighi che assumeva.

Di conseguenza, non è esatto che nell?affermare la responsabilità precontrattuale dell?Ente pubblico territoriale il giudice del merito si sia limitato a sindacare un comportamento della Provincia informato a poteri discrezionali.

Nella specie, infatti, l?indagine ha riguardato non già l?attività della Pa compiuta nell?ambito del procedimento amministrativo, al fine di verificare se il pubblico interesse fosse stato adeguatamente valutato; ma essa ha avuto ad oggetto la diversa attività che, pur collegandosi alla pubblica funzione, trovava fondamento in cause e motivi di fatto che esulavano del tutto da detta pubblica funzione.

Il che, del resto, trovasi pure già ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cassazione, 2255/87) in virtù del principio per il quale, una volta che si sia perfezionato il momento dell?aggiudicazione, in pendenza del successivo atto dì controllo e di approvazione (il quale si pone come condicio iuris dell?efficacia e dell?eseguibilità delle reciproche prestazioni) la Pa è tenuta a comportarsi secondo la buona fede contrattuale, sicché, qualora quell?attività di controllo sia impedita o frustrata per il suo comportamento colposo o doloso, ravvisabile anche della mancata trasmissione dell?atto all?autorità di controllo, essa incorre nella responsabilità in contrahendo, di cui all?articolo 1337 Cc, non potendo trovare applicazione la finzione legale dell?avveramento di cui all?articolo 1359 Cc, che concerne la condizione quale requisito convenzionale accidentale.

Il giudice del merito ha anche specificato che la delibera di assegnazione dei contributi, rinviando ai programmi d?investimento di cui all?articolo 35 della legge provinciale 4/1981, espressamente collegava il finanziamento alla stipulazione di convenzioni di finanziamento, di mutui e di contratti di finanziamento, per cui neppure è esatta la censura, di cui innanzi sub d), per la quale non esisteva alcuna figura contrattuale, che le parti dovessero porre in essere ai fini del perfezionamento dell?iter amministrativo per l?erogazione del contributo.

Quanto poi al rilievo di cui sopra sub e) -secondo cui la sentenza sarebbe carente nella parte in cui non ha stabilito quale specifica figura contrattuale avrebbero dovuto porre in essere le parti se la deliberazione in contestazione fosse stata attuata – devesi rilevare che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 2057/96) ha stabilito che per affermare la responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative occorre che queste siano considerate affidanti, per cui è necessario che nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto.

Non occorre, pertanto, che l?interruzione delle trattative debba riguardare un ben preciso negozio, che le parti abbiano preventivamente individuato in uno schema definito in tutti i suoi elementi costitutivi, essendo sufficiente -siccome è avvenuto nel caso in esame – che le trattative siano riferibili ad elementi idonei e sufficienti ad indicare la causa (tipica o atipica) di una convenzione, della quale detti elementi debbono entrare a far parte.

Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo d?impugnazione la ricorrente principale deduce, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 2043 e 1337 Cc e delle norme e dei principi che regolano la materia della responsabilità civile extracontrattuale e precontrattuale della Pubblica Amministrazione; la violazione e la falsa applicazione della legge provinciale 4/1981 e delle norme e dei principi in tema di attività provvedimentale della Pa; il vizio di omessa, illogica, contraddittoria e comunque carente motivazione su un punto decisivi della controversia.

I rilievi delle suddette censure vengono indicati come di seguito:

1) pur nella prospettiva della sussistenza di una trattativa soggetta alla disciplina dell?articolo 1337 Cc, nella specie sarebbe venuta in rilievo una situazione di mera aspettativa della società A. spa, non suscettibile di creare alcun affidamento, poiché la deliberazione di riconoscimento del contributo non definiva l?iter amministrativo di. concessione del contributo, la cui realizzazione avrebbe richiesto ulteriori presupposti di fatto e di diritto, oltre che la verifica positiva dell?atto da parte dell?organo di controllo;

2) il giudice del merito, ai fini dell?an debeatur, non avrebbe dovuto affermare che vi era stato da parte della società il giustificato affidamento in ordine alla conclusione della trattativa ed avrebbe dovuto, per ciò escludere l?ingiustizia del danno per la insussistenza di una posizione soggettiva di carattere sostanziale meritevole di tutela, in considerazione dell?oggettiva impossibilità che l?aeroporto dì Trento potesse essere utilizzato per il volo strumentale e notturno e del progressivo radicamento dell?attività della società in Ronchi dei Legionari in termini di incompatibilità con la diversa sua collocazione a Trento, del mancato adempimento da parte della stessa società delle prescrizioni relative al suo capitale sociale, al livello occupazionale ed alle nomine in seno al collegio sindacale secondo le indicazioni della Provincia;

3) la rilevanza causale da attribuire all?omessa registrazione della deliberazione era stata assorbita dal provvedimento di revoca e da questo il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere caducata il provvedimento di attribuzione alla società delle provvidenze di legge, con la conseguenza che da tale comportamento non poteva dedursi alcuna violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, cui la Provincia aveva improntato la sua azione;

4) il giudice di merito non avrebbe assolto alle prescrizioni indicate nella sentenza 500 delle Su di questa Corte al fine di stabilire se sussistesse o meno un evento danno risarcibile.

Nessuna delle indicate censure può essere accolta, perché, nel suo complesso, a fondamento di tutte le esposte doglianze la ricorrente principale suppone che per il riconoscimento dei reclamati danni dovesse essere indispensabile accertare che era stata lesa la posizione giuridica della società Air Dolomití spa integrante la figura tipica dell?interesse legittimo (evidentemente del tipo di interesse legittimo cd pretensivo), lesione che non si poteva configurare nel diniego del richiesto provvedimento di assegnazione del contributo o nell?ingiustificato ritardo nella sua adozione.

In realtà, secondo quanto il giudice del merito ha puntualmente evidenziato, l?errore di prospettiva, dal quale ancora muove in questa sede la ricorrente principale nell?esposizione dei suddetti motivi, è quello stesso in cui era incorso il giudice di primo grado e che il giudice d?appello ha corretto, mediante la diversa qualificazione della istanza risarcitoria come domanda per responsabilità precontrattuale e non per violazione di un interesse legittimo.

La qualificazione della domanda, nella interpretazione che ne ha dato la Corte tridentina, è stata ritenuta corretta da questo giudice di legittimità nell?esaminare i primi tre motivi del ricorso principale, per cui, nella riconduzione della fattispecie alla asserita culpa in contrahendo ed una volta accertato che il comportamento contrario alla buona fede era consistito nella mancata trasmissione della deliberazione all?organo di controllo, non mette conto considerare se il procedimento amministrativo avesse o meno concluso il suo normale iter ovvero stabilire se la deliberazione successiva a quella ammissiva al beneficio del contributo costituiva atto di revoca del beneficio stesso o (siccome, peraltro, il la Corte tridentina ha chiarito in motivazione conforme a quella del giudice amministrativo)semplice ritiro di un provvedimento inefficace.

Nel suddetto contesto, inoltre, è irrilevante lamentare che il giudice di merito abbia pretermesso l?applicazione dei principi di cui alla predetta sentenza 500/99 delle Su di questa Corte, riguardanti ipotesi risarcitoria diverse da quella dell?articolo 1337 Cc.

Con il settimo e l?ottavo motivo la ricorrente principale deduce, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all?articolo 295 Cpc e, in genere, delle norme e dei principi in materia di economia processuale e di misure atte ad evitare il contrasto tra giudicati; la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 2043 e 1337 Cc e delle norme e dei principi che regolano la materia della responsabilità civile extracontrattuale e precontrattuale della Pa.

Assume, con i due mezzi, che la Corte territoriale aveva statuito sulla domanda risarcitoria senza riconoscere la necessaria pregiudizialità del pendente giudizio amministrativo di annullamento della deliberazione, avente ad oggetto la revoca della precedente deliberazione di ammissione della società A. spa al contributo.

La censura non è fondata, essenzialmente per le considerazioni svolte per rigettare i precedenti motivi.

Una questione di pregiudizialità, nei termini in cui il tema viene prospettata dalla ricorrente Provincia della necessità del preventivo accertamento della illegittimità dell?atto amministrativo impugnato innanzi al giudice amministrativo, nella specie neppure si pone, perché il comportamento della Pa sanzionato con il risarcimento dei danni, come già si è detto, non coinvolge i compiti propri del corretto amministratore, ma riguarda unicamente l?adempimento del dovere civilistico della stessa amministrazione di agire da corretto contraente.

Il che esime, peraltro, questa Corte dall?aggiungere che, in ogni caso, quando anche si fosse trattato di stabilire dell?illegittimità del provvedimento amministrativo, si sarebbe dovuto ribadire il principio, enunciato proprio dalla sentenza 500/99 delle Su, secondo cui non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell?ambito dell?esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall?articolo 2043 Cc.

Con il nono, il decimo e l?undicesimo motiva la ricorrente principale deduce, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione della norma di cui agli articolo 2043, 1337, 1223, 1225, 1226 e 1227 Cc e, in genere, delle norme e dei principi che regolano la quantificazione dei danni in materia di responsabilità civile extra contrattuale e precontrattuale della Pa; la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 112, 115 1 116 Cpc e 2727 Cc e, in genere, delle norme e dei principi che obbligano il giudice a decidere iuxta et alligata partium, sulla scorta delle prove offerte dalle parti, con prudente apprezzamento, se del caso, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; il vizio di omessa, illogica, contraddittoria e comunque carente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Critica, con i predetti motivi, il capo della sentenza d?appello relativo al quantum debeatur e denuncia che il giudice del merito non avrebbe applicato le norme ed i principi che limitano il risarcimento per responsabilità precontrattuale alla lesione del solo cd. interesse negativo.

In particolare, specifica che, non potendo la pretesa risarcitoria per responsabilità precontrattuale essere riferita ai danni che si sarebbero evitati o ai vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione e l?esecuzione del contratto mancato, il giudice del merito sarebbe incorso in errore nel liquidare alla società le perdite di gestione e gli oneri finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria, in cui virtualmente la stessa società si sarebbe trovata, nell?ipotesi in cui avesse potuto disporre dei contributi pubblici e svolgere la sua attività nello scalo aeroportuale di Trento.

Aggiunge, sotto altro profilo, che i consulenti tecnici d?ufficio avrebbero assunto immotivatamente come parametro il maggior numero di ore consentite annualmente in Trento; non avrebbero tenuto conto della realtà aziendale della società, implicitamente supponendo una flotta molto maggiore di quella effettivamente a disposizione della A. spa; non avrebbero esaminato i costi, che la società avrebbe dovuto sostenere per l?acquisizione di altri aeromobili; non avrebbero preso a riferimento determinati esercizi annuali di attività aziendale, né compiuto più approfondite analisi di mercato sui diversi costi di gestione; avrebbero commesso un evidente errore di impostazione rispetto al dati contabili agli atti; non avrebbero considerato che le perdite registrate operando da Trieste si sarebbero prodotte anche nella situazione di Trento.

Anche dette censure non possono essere accolte.

Quanto al dedotto vizio di violazione di legge, devesi rilevare che la Corte di merito – laddove in sentenza ha precisato che nella determinazione dell?ammontare dei danni essa aveva fatto riferimento all?interesse negativo, che considera il pregiudizio economico rappresentato dalle spese inutilmente effettuate, dalle perdute occasioni di stringere altro valido contratto, dall?attività sprecata nelle trattative e sottratta ad altre utili applicazioni – si è in ciò uniformata al principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità.

Il quale, in costante indirizzo, ribadisce (ex plurimis: Cassazione, 11243/03; Cassazione, 1632/00; Cassazione, 9157/95) che, in tema di responsabilità ex articolo 1337 Cc, l?ammontare del danno va determinato tenendo conto della peculiarità dell?illecito e delle caratteristiche della responsabilità stessa, la quale, nel caso d?ingiustificato recesso dalle trattative, postula il coordinamento tra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e l?altro secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente. Pertanto, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata la lesione dei diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all?inadempimento contrattuale; mentre, essendosi verificata la lesione dell?interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative, il danno risarcibíle è unicamente quello consistente nelle perdite che sono derivate dall?aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cd. interesse negativo).

Per il resto -in disparte il rilievo che, rispetto alla valutazione compiuta dal giudice di merito con riferimento alle conclusioni sul punto dell?accertamento peritale d?ufficio, il motivo di impugnazione non adempie all?onere dell?autosufficienza – osserva questa Corte che la ricorrente, piuttosto che esporre le critiche ai criteri di stima adottati dai tecnici, in questa sede sollecita un riesame del materiale probatorio per ottenerne una valutazione diversa da quella compiuta dal giudice di merito.

Detta indagine è, però, inammissibile, poiché la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell?intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l?attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all?uno o all?altro degli elementi di prova acquisiti.

Il ricorso Principale, quindi, è rigettato.

Analoga pronuncia di rigetto va adottata anche per il ricorso incidentale, che, in unico motivo, denuncia che il giudice del merito avrebbe dovuto collocare la responsabilità della Provincia nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana e non già limitarne l?ambito nella mera responsabilità precontrattuale, dì cui all?articolo 1337 Cc.

Assume la società ricorrente incidentale che la decisione definitiva della Provincia di non volere dare seguito al progetto relativo all?aeroporto di Trento risaliva al 24 ottobre 1991 e che, se la circostanza fosse stata comunicata in precedenza, le conseguenze dannose per la società A. spa sarebbero state notevolmente limitate.

La censura, nei termini in cui è svolta, sostanzialmente limitandosi ad indicare che i danni sarebbero stati liquidati in misura ridotta, non individua specificamente le affermazioni in diritto della sentenza che si contestano; né precisa quali sarebbero stati i fatti costitutivi (diversi da quelli assunti dal giudice del merito come integranti la violazione dell?obbligo di buona fede nelle trattative) di una più grave responsabilità, ai sensi dell?articolo 2043 Cc; neppure evidenzia violazioni di altre sue situazioni soggettive, patrimoniali o di diverso genere.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono interamente compensate tra le parti, in considerazione della situazione di soccombenza ripartita.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.